La resistencia vasca

La resistencia vasca, por Elena P. Iriarte.

Publicado en el diario El Mundo el 28 de diciembre de 2007

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Me han partido la cara varias veces en el Pleno». «Gajes de oficio», afirma Germán López Bravo, a quien 12 años como concejal en Ondarroa, territorio hostil para quien no comulga con el ideario nacionalista, han curado de espantos. Hoy por hoy, es el único edil de la localidad vizcaína. Sólo él acudió a recoger su acta de concejal tras las últimas elecciones municipales. El resto de electos -nueve del PNV, dos de EA y uno de Ezker Batua- renunció a sus cargos sin siquiera pisar el Consistorio. Fuese por miedo a las represalias de los abertzales, cuya lista fue anulada, o como forma de protesta contra la Ley de Partidos, dejaron a la localidad huérfana de representantes.

De cómo la vida diaria puede convertirse en un infierno y de cómo reivindicar un espacio de libertad es el camino más corto para que a uno le amarguen la existencia, o incluso le maten, sabe mucho Germán López, como lo saben cientos de concejales, empresarios, periodistas y estudiantes en el País Vasco que, pese al continuo acoso de los radicales, resisten en reductos que la izquierda abertzale tiene bajo su dominio.

Tras asumir con relativa normalidad unas agresiones que en la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles ni siquiera se conciben, el edil del PP en Ondarroa explica que no vive, que no puede vivir en el pueblo. «Lo pasaría muy mal», añade. Y es que la localidad es una de las 12 en las que las papeletas nulas -de apoyo, en teoría, a la lista anulada de Acción Nacionalista Vasca (ANV)- superaron a las válidas. Los resultados no extrañaron a nadie. Antes de su ilegalización, Herri Batasuna gobernó con mayoría absoluta la localidad durante ocho años. El sentir de la población parece claro y las dificultades a las que se enfrenta el concejal popular también.

Pero resiste. A sus 60 años, este delegado de ventas de profesión, y político por afición y convicción, no tiene reparos en dirigir su dedo acusador hacia quienes tenían que haber sido sus compañeros de Corporación. Como una parlamentaria vasca de EA, que no tomó posesión de su cargo de concejal, «pero no ha renunciado al escaño en la Cámara. «¿Por qué?», se pregunta.

Desde que se constituyera la gestora que, a falta de una Corporación al uso, gobierna el pueblo, los incidentes en torno a su actividad son el pan de cada día. Radicales reventaron el primer Pleno, obligando a los ediles a recluirse en un despacho de la casa consistorial, y forzaron a trasladar el segundo a la vecina localidad de Markina. Entre una y otra convocatoria, el vehículo particular del alcalde, Félix Aranbarri (PNV), fue incendiado en un ataque de kale borroka que ANV calificó después de «gamberrada».

Aunque la gestora lleva los preparativos en el más absoluto secreto, Germán López sospecha que la próxima sesión plenaria también se celebrará fuera de la localidad. «El PNV cederá de nuevo a la presión; y seguiremos sin pisar el Salón de Plenos del Ayuntamiento», vaticina.

Y, pese a todo, Germán López asegura que ésta «no es la peor legislatura», al menos para él, que durante 12 años ha sufrido «todo tipo de agresiones» por parte de simpatizantes de la izquierda radical, casi siempre dentro del Ayuntamiento, recinto al que no acceden sus escoltas.

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Su experiencia no es muy distinta de la de María del Carmen López de Ocáriz, parlamentaria vasca y concejala en la localidad de San Millán de Alava. El municipio está compuesto por 15 pueblos que apenas suman 700 habitantes y donde todo el mundo se conoce.Por eso la casa de los padres de Ocáriz, donde ella reside los fines de semana, es un blanco fácil.

La familia recuerda bien cuando se produjo la primera pintada en su domicilio. Fue el 14 de julio de 1998, horas después de que el juez Baltasar Garzón cerrara el periódico Egin. «Egin, askatu», podía leerse. Y a partir de entonces, «mi casa es la del pim, pam, pum de la comarca», lamenta la concejala.

De su pueblo, Narvaja, es también oriundo el etarra Roberto Murguiondo, cuyo encarcelamiento (salió de prisión hace dos años) generó «un grupo de presión» muy activo en la localidad. Con los radicales «fuertemente movilizados», era cuestión de tiempo que la única representante del PP en el municipio expiara sus culpas. A la casa familiar se sumó, en el listado de objetivos de los radicales, la farmacia que la hermana de la concejala regenta en la localidad de Legutiano y en la que Ocáriz trabajaba antes de entrar en política. Un artefacto explosivo estalló en el establecimiento en el año 2000, causando graves destrozos.

Lejos de amilanarse, la farmacéutica fue a hablar con el alcalde del pueblo, de HB, y le instó a «parar a los suyos» bajo la amenaza de «echar la persiana» a la botica y dejar a la localidad sin este servicio.

Desde entonces, no ha sufrido ningún otro percance, aunque a raíz de aquel incidente, María del Carmen apenas pisa ya la localidad.No es para menos, el pueblo se ha convertido en uno de los principales campos de batalla contra el tren de Alta Velocidad. Por sus calles se celebró una de las primeras manifestaciones contra la infraestructura y, muy cerca, en Urbina, tuvo lugar la primera consulta popular auspiciada por los radicales para tratar de frenarlo. «El alcalde, de EA, lo va a pasar fatal», se compadece la edil popular.

Tras la anulación de las listas de ANV, los plenos de San Millán son de todo menos tranquilos. La formación abertzale reclama dos concejalías basándose en los votos nulos cosechados en el municipio y no están dispuestos a renunciar a ellas. Así, no dudan en «reventar» cuanto pleno se celebra y en presionar hasta el límite para que sus propuestas se debatan en el Consistorio.Y lo han conseguido, al menos en parte, ya que el concejal de Ezker Batua se presta habitualmente a trasladar a las sesiones plenarias sus iniciativas.

Pese a las dificultades para realizar su labor, María del Carmen no se plantea renunciar. Entró en política en 1995, a los pocos meses de que ETA asesinara al concejal donostiarra Gregorio Ordóñez; y, si entonces no tuvo dudas, 12 años después, la certeza de que «hay que seguir» es aún mayor.

El recuerdo más agrio de sus comienzos atañe a sus hijos, al impacto que les causó que su madre tuviera que ir permanentemente acompañada por dos escoltas, sobre todo al menor, Jorge, que entonces tenía seis años. No entendía por qué no podía contar a sus amigos a qué se dedicaba su madre, ni por qué ésta se afanaba en mirar los bajos del coche, o por qué debía esperar en el portal a que llegaran los agentes encargados de su seguridad. Con el tiempo, lo asumió como algo normal, una rutina más sobre la que no conviene hacerse demasiadas preguntas.

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El acoso radical no mengua en las localidades donde ANV consiguió pasar el filtro y acceder a los ayuntamientos, ni siquiera en aquellas donde logró la Alcaldía. Hernani es uno de los máximos exponentes de esta situación. Tradicional feudo de la izquierda abertzale, la localidad está regida por Marian Beitialarrangoitia, quien, por decreto, decidió atribuirse la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos creada a instancias de la oposición para activar en el municipio medidas en favor de las víctimas del terrorismo y quien, poco después, convocó un Pleno de urgencia para «condenar» la actuación de la Ertzaintza al reprimir un acto de homenaje a 21 etarras en el pueblo.

La comisión servirá ahora para debatir asuntos del exclusivo interés de ANV, en ningún caso sobre las víctimas; y el Pleno extraordinario, al que no acudió la oposición formada por PNV, EA, EB, PSE y PP, concluyó en altercados auspiciados por vecinos radicales e insultos y amenazas a los periodistas presentes.

«Lo que cabía imaginar», apunta el edil socialista José Ramón Chica, quien junto al resto de concejales ha acordado que los temas de más calado político se debatan en Junta de Portavoces para evitar así que los plenos se conviertan en «circos» y que donde caben 25 personas se congreguen más de 100 vecinos vociferantes.

Al margen de los incidentes «puntuales», Chica, concejal desde 1991, afirma que la crispación en el Ayuntamiento no es tanta.La impronta de ANV se nota más en las calles. Pancartas, pintadas y cartelería reivindicativa de los derechos de los mártires de ETA permanecen más tiempo, mucho más tiempo, del habitual en las fachadas. Y no es por falta de medios, porque el Ayuntamiento tiene un contrato de limpieza con FCC por el que sólo hay que decir a los operarios qué y dónde tienen que borrar.

Como el PCTV en el Parlamento vasco, que tiene en nómina a varios dirigentes de la extinta Batasuna, tampoco ANV se corta a la hora de poner en evidencia sus lazos con significados miembros de la izquierda radical. Aitor Ibero, abogado del caso Jarrai, Haika y SEGI y de numerosos presos etarras, ha sido contratado por la alcaldesa como asesor. Pero no hay lugar para la extrañeza, al menos a la vista de la composición de otros ayuntamientos, como el de Elorrio, donde Acción Nacionalista Vasca se ha hecho con la Alcaldía con una lista encabezada por Nico Moreno, que ya fue primer edil de la localidad hasta 2003 bajo las siglas de Euskal Herritarrok.

Hasta el momento, la decisión más relevante del regidor de esta localidad vizcaína ha sido una moción para subvencionar las visitas a las cárceles de los familiares y los «amigos y amigas» de los presos etarras. La propuesta iba incluso más allá. En su primera redacción, contemplaba también la consignación de 4.600 euros anuales para los gastos personales de los reclusos, desde el teléfono hasta las zapatillas. La denuncia pública de esta pretensión por parte de la representante socialista en la localidad motivó al final la retirada de esta segunda partida.

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«Tú ten cuidado, ten mucho cuidado, ten muchísimo cuidado». No es un ruego o una recomendación bienintencionada. Es la amenaza que un representante de ANV lanzó al concejal del PP en Barrika (Vizcaya), Luis Enrique Echave, en un pleno municipal hace unas semanas. Los miembros de la formación abertzale habían sido convocados por el alcalde del PNV para participar en una comisión informativa.Su presencia fue denunciada por Echave, quien recordó que no tenían derecho a estar allí puesto que su lista había sido ilegalizada y no eran concejales. Su osadía obtuvo cumplida respuesta: una amenaza directa que el edil ya ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

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Y mientras los concejales vascos tratan de dotar a su existencia de la escasa normalidad que les permite la amenaza radical, los miembros de la sociedad civil marcados por la misma tragedia afrontan como pueden su vía crucis particular. Y aquí hay métodos y teorías para todos los gustos. A las claras, el empresario vasco Ricardo Benedi expone la suya:

«Si alguien tiene asma y le dicen que vivir junto al Cantábrico es perjudicial tiene que marcharse; la solución es la misma para quien quiera eludir el pago del denominado impuesto revolucionario, es decir, el chantaje de ETA, y no pueda resistir la presión».El símil es duro pero no admite réplica, al menos para su autor, al que la organización terrorista ha reclamado su tributo en cuatro ocasiones, y otras tantas veces ha dicho «no». «Ni pago ni pagaré», asegura.

El empresario, de 59 años y padre de cinco hijos, no tiene miedo pero sí «muchísima preocupación, precaución y respeto». Y, aunque lo tuviera, «no cedería». «El miedo es libre y quien no pueda superarlo tiene la opción de abandonar el País Vasco, pero nunca pagar a los terroristas», asegura. Y es que en este tema no hay sitio para la compasión. «El dinero que tú les das lo utilizan para comprar armas, para pagar nóminas, para matar; el deseo de vivir tranquilo no puede ocultar esta realidad», insiste.

Él lo tiene claro. Al frente de una empresa dedicada a la fabricación de componentes para la automoción que emplea a más de 400 trabajadores, Ricardo Benedi no paga, pero tampoco contempla hacer las maletas.«Soy vasco y aquí me quedo», afirma. Decidido a «plantar cara», asume que su decisión conlleva una amenaza muy seria y una realidad incómoda, la de compartir su vida con dos extraños, los escoltas que el Ministerio del Interior le asignó hace dos años. Pero es un mal menor. Lleva peor las limitaciones que el terror impone en su vida, no poder pasear por las Siete Calles (casco viejo bilbaíno) o restringir sus salidas al monte para evitar encuentros inesperados que le puedan «poner en apuros».

Miembro de Confebask (patronal vasca) y del Círculo de Empresarios, Benedi ha superado los recelos que hace unos años le provocaba el significarse en público. Ahora lo hace sin reparos e incluso ha ido más lejos. Ha creado el Foro Humanismo y Empresa, asociación con la que pretende «denunciar y combatir la situación de falta de libertad que hay en Euskadi», una tarea «imprescindible» porque «en esta sociedad nadie dice nunca nada». «Será por prudencia o será por miedo, pero el silencio se ha apoderado desde hace demasiado tiempo de todos nosotros», lamenta.

En reconocimiento a su labor, el próximo 24 de enero recibirá, junto a la alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, el premio que la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) concede a quienes acreditan un especial mérito en la defensa de las libertades.

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Pero las recompensas no siempre son agradables. Que se lo digan a P., estudiante en la Universidad del País Vasco y militante del PP sometida a un acoso «insoportable» desde que denunciara ante la Ertzaintza la agresión de que fue objeto por parte de seis encapuchados en el campus.

«Facha, vamos a limpiarte el forro», le dijeron en el ataque, el último en una larga lista de agresiones que le obliga a acudir a clase con escoltas. Pese al miedo, a los insultos y amenazas, P. se niega a abandonar la carrera que comenzó hace apenas un año. «Tengo derecho a estar aquí; y no pienso rendirme», afirma taxativa y decidida a sobreponerse cada día a «la angustia» que le supone el «calvario» de ir al campus de Leoia, de la Universidad del País Vasco.

No es para menos, los apoyos con que cuenta son escasos. Apenas dos profesores le han manifestado su solidaridad. En el Rectorado, la única aportación tras la última agresión fue que hablara con el vicerrector, Iñaki Gorizelaia, hermano de la dirigente de Batasuna, Jone Gorizelaia.

Ahora, por lo menos tiene el respaldo de su marido, a quien durante mucho tiempo ocultó la situación que padecía y quien tras conocer los hechos se ha convertido en su principal soporte.

Como Ricardo Benedi, como María del Carmen o Germán, P. forma la resistencia vasca, un amplio grupo de personas que en el País Vasco se niega a ceder ante la amenaza y el chantaje de una organización que, en una supuesta lucha por la libertad del pueblo vasco, cercena cada día la de miles de ciudadanos.

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